Jorge Calero: «Hay que convencer a los partidos de izquierdas de que dejen de apoyar la inmersión»

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La semana pasada la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) presentó un minucioso informe en el que se constata que en todos los colegios públicos de Cataluña se continúa aplicando de forma inflexible la inmersión lingüística obligatoria exclusivamente en catalán, a pesar de que los tribunales han dictaminado en reiteradas ocasiones la ilegalidad del modelo. El estudio [aquí, en PDF] analiza los proyectos lingüísticos de más de 2.200 centros y certifica que en ninguno de ellos se imparten ni siquiera un 25% de las materias en castellano, porcentaje mínimo de referencia establecido por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en sus sentencias. El catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Barcelona (UB) y miembro de la junta directiva de Impulso CiudadanoJorge Calero, que ha colaborado en la elaboración del informe, explica a Crónica Global cuál es la realidad lingüística del sistema escolar catalán y ofrece algunas claves para avanzar hacia el bilingüismo.

–Pregunta: Parece que, más que las leyes y los decretos, la clave para imponer la inmersión son los proyectos lingüísticos de los centros.

-Respuesta: Efectivamente, el proyecto lingüístico es clave porque le permite a cada centro definir lo que va a hacer en materia lingüística. Y lo que están haciendo los centros es simplemente asumir el monolingüismo: en la inmensa mayoría de los centros lo único que se hace en castellano es la clase de castellano. Hemos visto, en el análisis de los proyectos lingüísticos de los centros públicos en Cataluña, que estos no cumplen la propia normativa autonómica, que define un modelo de conjunción lingüística, en el que el castellano también tiene que ser lengua vehicular, y no uno de inmersión.

–Es decir, se aplica la máxima de Romanones: hagan ustedes las leyes y déjenme a mí los reglamentos.

-Efectivamente.

–¿Quién decide el proyecto lingüístico de cada centro?

–Los aprueba el Consejo Escolar, del que forma parte la dirección del centro, que antes lo ha consensuado con los profesores.

–¿Se ha recurrido a los tribunales alguno de esos proyectos lingüísticos?

–Los proyectos lingüísticos no se han llevado a los tribunales. Lo que se ha llevado han sido las solicitudes de los padres que han querido ejercer su derecho de que parte de la docencia se efectuara en castellano. Y ha habido sentencias, del TSJC, donde se ha definido que al menos el 25% de clases deben impartirse en castellano. Pero, claro, la respuesta se da caso por caso, no afecta al conjunto del centro sino al grupo-clase del alumno que cuya familia ha reclamado ante los tribunales. Es decir, el proyecto lingüístico se adecúa en este caso a la clase de estos niños.

–¿Llevar los proyectos lingüísticos a los tribunales podría ser una vía de acción de los defensores del bilingüismo todavía inexplorada?

–Efectivamente, todavía no se ha hecho. En todo caso, esta es una fórmula que deben estudiar los juristas.

–¿Por qué no se cumplen las sentencias que ordenan restablecer el bilingüismo en las escuelas de forma generalizada?

-Porque, desde hace muchos años, existe una voluntad política de imposición del catalán como única lengua vehicular, y todo lo que sea modificar eso es evitado e incluso perseguido y se le pone todo tipo de trabas. Políticamente, desde hace tiempo, la voluntad es la imposición del monolingüismo.

–Con todo lo que eso conlleva…

–Hay que tener muy presente que el modelo de inmersión no conduce al bilingüismo. La AEB defiende el bilingüismo, es decir, que haya una presencia real del castellano en los procesos de aprendizaje. Actualmente no existe esa presencia, ya que la inmersión lo que hace es eliminar el castellano. Por tanto, dejar el catalán como única lengua vehicular conduce a un modelo monolingüe en la escuela y finalmente a una sociedad monolingüe, con el empobrecimiento enorme que ello supone en términos individuales, sociales y económicos.

–La conclusión a la que se llega en este informe y en los inmediatamente anteriores de la AEB es que la inmersión forma parte de un proyecto político mayor de adoctrinamiento nacionalista.

-Entendemos que hay una voluntad política de imposición del monolingüismo y creo que es correcto conectar esa voluntad con un proyecto mayor, el proyecto nacionalista, que es un proyecto de exclusión del castellano del sistema educativo y, por ende, del conjunto de la sociedad. Este monolingüismo forma parte de un proyecto nacionalista, un proyecto de exclusión, un proyecto que va más allá de lo puramente lingüístico y que tiene un componente etnicista.

–En las escuelas públicas de Cataluña se identifica al catalán como “la” lengua de Cataluña, se explica que para integrarse hay que hablar en catalán…

–No solo en las escuelas públicas. También en la mayor parte de las concertadas. Efectivamente, se relega al castellano al nivel de una lengua secundaria, que no es de cultura, académica, sino que es la lengua que se aprende, si hay suerte, en la calle. Esto es poco deseable a nivel social, ya que afianza un proyecto nacionalista, pero también lo es individualmente, ya que implica la imposición de una identidad.

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El catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Barcelona (UB) y miembro de la junta directiva de Impulso Ciudadano Jorge Calero / CG

–¿Por qué no hay más quejas de los padres? ¿Por qué no se atreven a protestar?

-El coste es alto. Los padres y madres que lo han hecho han tenido que soportar muchas presiones, sobre algo muy valioso y que se tiene que tratar con mucho cuidado, como son los hijos. Hay un enfrentamiento con el centro, con la dirección, con la Administración… eso conlleva costes grandes, pues esos padres y madres quedan señalados e incluso se les enfrenta con el resto de familias. Se les señala, además, como familias que generan problemas con una intención partidista. Esto es absolutamente falso, es la inversión de la realidad por la que las víctimas son consideradas agresores, tan frecuente en las prácticas nacionalistas.

–Ante estas dificultades han actuado las entidades en defensa del bilingüismo…

-La tarea de la AEB ha sido fabulosa en ese sentido, para apoyar a estas familias, también jurídicamente, pero es cierto que algunas se lo han pensado dos veces.

–Parece normal ese miedo, ¿no?

–Ya que se trata de una causa justa, todo lo que se haga en ese sentido es bueno para las familias que lo deciden, pero también para el conjunto de la sociedad. Por eso, creo que los padres y madres que se han atrevido a hacerlo deben ser valorados y muy respetados, porque es algo positivo en aras de la convivencia de las dos lenguas en el sistema educativo y en el conjunto de la sociedad.

–¿Cómo conjugan desde la AEB esa labor de incentivo a los padres para que exijan en los tribunales los derechos lingüísticos de sus hijos con la otra labor de denuncia pública de las presiones y trabas que reciben? Es como decir a los padres: se puede conseguir pero no es fácil…

–Esto se afronta desde una posición de realismo. Hay que ser conscientes de que hay dificultades y, en los casos en que uno lo considere oportuno, seguir adelante a pesar de las dificultades. El realismo consiste en saber que se puede conseguir, pero siendo conscientes de las dificultades. Y habrá casos en los que uno prefiera no hacerlo y otros en los que sí. La labor de la AEB consiste en reducir las dificultades para que las familias puedan reclamar sus derechos, que actualmente no son reconocidos.

–¿Qué han hecho los gobiernos de España de los distintos colores para ayudar a corregir esta situación?

–Bien poca cosa. Por ejemplo, no está actuando la Alta Inspección del Estado, se deja que actúe únicamente la inspección educativa de la comunidad autónoma… No se ha hecho gran cosa. En un momento determinado se introdujo alguna reforma por el Gobierno del PP que consistía en la posibilidad de financiar centros privados donde sí que hubiera docencia en castellano, en los casos en los que el resto de centros no la ofrecía, pero esa reforma, que probablemente tampoco resolvía el problema, finalmente no salió adelante.

–Han presentado el informe al Defensor del Pueblo. ¿Creen que se conseguirá algo?

–Este es un informe valiosísimo, pionero. Es la primera vez que se presentan los datos reales que demuestran que el sistema es casi totalmente monolingüe. Por primera vez queda sobre la mesa la evidencia de que el castellano ha desaparecido de la escuela en Cataluña, salvo las dos horas de la asignatura de castellano a la semana. El informe es un instrumento excepcional para que asumamos la realidad de la escuela en Cataluña. Va a ser enviado al Relator de la ONU para los derechos de las minorías. La Asamblea por una Escuela Bilingüe va a dar continuidad, adicionalmente, a su petición ante la Comisión de Peticiones de la Unión Europea. Utilizando este informe y otras muchas evidencias que se van acumulando, se va a seguir trabajando por todos los medios utilizados hasta ahora y otros nuevos en el futuro.

–¿Cuáles serían esos nuevos objetivos a los que dirigirse?

–Hay que explicar esta situación a los políticos y al conjunto de la sociedad. Y, sobre todo, yo diría que lo más importante es que los partidos de izquierda –tanto en Cataluña como en el conjunto de España– no asuman el marco nacionalista por el cual la inmersión es algo deseable que conduce al bilingüismo y a la cohesión social. No, eso no es cierto. La inmersión conduce únicamente al monolingüismo y allana el camino para el programa de imposición nacionalista. Creo que ese posible cambio podría ser muy importante: que la izquierda no dé por bueno ese mantra nacionalista de que la inmersión es buena y es el mejor modelo, un modelo de éxito

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